La UASD ratifica compromiso y apoyo a Loma Miranda

>> 11 de septiembre de 2014



La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ratifica su apoyo a la conversión de Loma Miranda en área protegida bajo la categoría de Parque Nacional.
 
Loma Miranda cumple de manera inequívoca y redundante con las condiciones para ser parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y la ley aprobada por el Congreso Nacional y observada por el Poder Ejecutivo es un instrumento legal válido, pertinente y necesario por las siguientes razones:

1.      La referida Ley, tanto en su parte dispositiva como en sus considerandos es consistente con la Constitución Dominicana y con el conjunto de tratados y convenios internacionales que constituyen el Bloque de Constitucionalidad.
2.      Aunque se señala en la observación presidencial que el artículo 17 de la Constitución establece que “los recursos naturales deben ser explotados”, lo que dice el texto constitucional es que “los recursos naturales pueden ser explotados”.  El mismo artículo pauta las limitaciones de ese aprovechamiento: “Los yacimientos mineros y de hidrocarburos y, en general los recursos naturales no renovables, solo pueden ser explorados y explotados por particulares, bajo criterios ambientales sostenibles, en virtud de las concesiones, contratos, licencias, permisos o cuotas, en las condiciones que determine la ley. (…)lo que invalida su uso como argumento.
3.      La existencia de minerales potencialmente aprovechables en Loma Miranda no convierte en inconstitucional a la referida Ley, ya que la presencia de recursos naturales y servicios ambientales que concurren en un área determinada a lo que obliga, por mandato de la Constitución, es a establecer la jerarquía de prioridades en su utilización y en caso de servicios ambientales como el agua que soportan actividades económicas vitales y la vida misma de las comunidades, la preminencia de su conservación, establecida en el artículo, 15 no admite interpretaciones: El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. (…)”.

4.      La observación presidencial recurre al artículo 40.15 de la Constitución que dispone que la ley “sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica” y alude entonces al “principio de razonabilidad.” Son, en efecto, este artículo y este principio causa eficiente y razón suficiente para la protección de un área que garantiza derechos primarios de ciudadanos y ciudadanas cuya garantía de continuidad está asociada a la permanencia en cantidad y calidad adecuadas de los servicios ambientales que se protegen con el Parque Nacional Loma Miranda.  
5.      La observación presidencial es reiterativa al señalar que “La única manera en que conforme a la Constitución se puede privar a un particular de su derecho de propiedad, cuando medien razones de utilidad pública o interés social, y previo pago de su justo valor lo es a través de la expropiación forzosa, procedimiento que resulta ajeno al Poder Legislativo ya que quienes interactúan en el mismo, en el vigente orden jurídico dominicano, son los Poderes Ejecutivo y Judicial.”
Esta afirmación merece tres observaciones:
a)      Todas las áreas protegidas categoría 1, 2 o 3 implican declaratoria de Utilidad Pública, al igual que las presas, los aeropuertos, las grandes obras civiles del Estado, los emplazamientos militares y las concesiones mineras entre otras. Cada una de estas áreas implica expropiación y la debida compensación.
b)     La ley que crea el Parque Nacional a Loma Miranda tomó estas previsiones lo que se expresa de manera inequívoca y clara en sus artículos 8 y 9.
c)      Este texto niega la facultad asignada por la Constitución  y por la Ley 64-2000 de Medio Ambiente y Recursos Naturales al Poder Legislativo, para establecer por Ley las áreas protegidas.  Esta reducción de las funciones del Congreso Nacional constituye un hecho muy grave que urge ser subsanado. De aceptar como bueno y valido ese juicio quedará limitada la capacidad de legislar en cualquier ámbito que implique expropiación sentando un precedente que atenta sobre la columna principal del ordenamiento jurídico dominicano.

6.      La observación presidencial incluye un análisis detallado de la Seguridad Jurídica que se inicia con una cita parcial del artículo 110 de la Constitución que se refiere a la no retroactividad de las leyes: ¨Irretroactividad de la ley. La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior¨.

Esta parte reclama un análisis especial ya que contiene informaciones inciertas, interpretaciones sesgadas y revelaciones sorprendentes para el país:

El documento presidencial dice lo siguiente: “En el caso específico de esta ley, al establecerse como Parque Nacional un área sobre la que existe un contrato de concesión minera consentido por el Estado Dominicano, la consecuencia inmediata que se deriva de la misma es la extinción del referido derecho, de una manera distinta a como lo establece la Ley Minera de República Dominicana que establece las causales que pueden dar lugar a la extinción de las concesiones mineras, afectándose así la seguridad jurídica y el clima futuro de inversión extranjera en la República Dominicana.”

La Ley de Minería establece:

“ARTICULO 66.- Los concesionarios de explotación y de plantas de beneficio tienen derecho a solicitar la expropiación, previa indemnización correspondiente, con arreglo a la Constitución y a las leyes vigentes sobre la materia, del terreno que les sea indispensable, dentro o fuera del perímetro de la concesión, a juicio de la Dirección General de Minería, para los fines indicados en el Artículo 64 de esta ley.”

“ARTÍCULO 67.- Los concesionarios de exploración, de explotación o de plantas de beneficio, tienen derecho a utilizar, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes sobre aguas y de protección del medio ambiente, las aguas fluviales que necesitaren para los fines de su concesión. Asimismo, podrán aprovechar las aguas que broten o aparezcan durante las operaciones mineras o que provengan del desagüe de las minas o de propiedades de terceros, teniendo prioridad de uso el concesionario que las descubrió.”

“ARTICULO 86.- En caso de desacuerdo entre las partes, serán considerados de utilidad pública para los efectos de expropiación, los terrenos necesarios para las construcciones indicadas en el Artículo 64 de esta ley, dentro o fuera del perímetro de la concesión. Asimismo podrá expropiarse al minero colindante el espacio necesario para establecer conductos o galerías subterráneas de desagüe o de transporte.”

“ARTICULO 88.- En caso de urgencia, el Decreto del Poder Ejecutivo que contenga la declaratoria de utilidad pública, podrá autorizar la ocupación de los terrenos que estrictamente necesiten los concesionarios, y fijará provisionalmente el valor de los terrenos a expropiar, valor que deberá ser consignado por el concesionario en favor de los propietarios, sin perjuicio de la decisión definitiva que recayere sobre la evaluación de dichos terrenos.”

Estos artículos de Ley Minera de la República Dominicana, No. 146. Del 1971, invocados en la observación presidencial afectan el derecho a la propiedad y validan lo que se pretende negar además de evidenciar el carácter sesgado del manejo del principio de seguridad jurídica.
Las referencias al artículo VI del acuerdo para la protección de inversiones suscrito entre el país y la Confederación Suiza, en fecha 27 de enero de 2004 y oficializado por la Resolución  No. 2375-09 del 27 de octubre de 2009 para sostener que: “Impide al Estado tomar medidas de expropiación, nacionalización o cualquier otra medida de la misma naturaleza que tenga el mismo efecto.”; da la impresión que tal prohibición es absoluta, pero al leer completo el referido artículo encontramos lo siguiente; “afectando inversiones  de inversionistas de la otra Parte Contratante, excepto en caso de razones de utilidad pública y a condición que dichas medidas no sean discriminatorias, que sean conformes a las disposiciones legales  y que dan lugar a pago de una indemnización efectiva y adecuada¨.
Es obvio que no existe en virtud de este acuerdo ninguna ¨imposibilidad del Estado¨ para la declaratoria de Parque Nacional.
En cuanto a las compensaciones, el documento presidencial dice que: ¨La indemnización se pagará según el valor del mercado de la inversión expropiada  inmediatamente antes de que la medida de la expropiación haya sido de conocimiento público; cualquiera de estos acontecimientos que ocurra primero. El importe de la indemnización se efectuara en una moneda libremente convertible y se pagará sin demora al beneficiario, sin tomar en consideración el domicilio o residencia¨.
7.      En el Parque Nacional Loma Miranda no existen inversiones mayores ya que en la misma solo se han realizado exploraciones mineras, además las fuentes identificadas sobre el articulo 9 y los compromisos incumplidos en materia de remediación ambiental por parte de Falcondo cubren de manera significativa la valoración de los terrenos.
8.      En la observación presidencial se afirma que la ley fue ¨precipitada¨ sin embargo tres años y medio de discusiones, estudios,  talleres, consultas, descensos; decenas de reuniones y revisiones en comisiones en ambas cámaras, la convierten en una de las piezas más estudiadas, debatidas y conocidas no sólo en el Congreso, sino en todo el país.
9.      Si bien es cierto que su declaratoria de urgencia, podría estar indicando la prisa que señala el documento presidencial, la realidad es que revela un documento conocido en demasía aunque el Poder Ejecutivo aluda desconocimiento.
10.   Es cierto que la declaratoria de parque afecta el interés comercial legítimo de una compañía minera y que puede impactar en los empleos que esta genera, pero también es cierto que proteger las aguas y los servicios ambientales como forma de garantizar el derecho primario a la vida y a las actividades económicas que se derivan de dichos servicios ambientales impide que se afecten derechos difusos fundamentales de la población.
El Tribunal Constitucional sentó doctrina y jurisprudencia en la sentencia 167-13 con la que concluimos este análisis:

“10.29. Efectivamente, si bien los derechos a la libre empresa y al trabajo en su ámbito de protección buscan resguardar el impacto positivo que tiene en el sostenimiento económico-social, el cual resulta de alto interés para cada Estado, su configuración únicamente va destinada a resguardar derechos de carácter particular e individual, no así los derechos de carácter general o derechos difusos.

“10.30. En ese sentido, al tener los derechos de libre empresa y el derecho al trabajo componentes individuales frente al derecho colectivo y difuso que representan las medidas para la preservación del medio ambiente, el cual, como indicamos antes, tiene además un alcance supranacional, los dos primeros derechos deben ceder en su ámbito de protección frente al último siempre y cuando quede evidenciado que una actuación particular pueda tener o tenga un efecto adverso e irreversible en el mantenimiento del equilibrio ecológico, máxime cuando la actuación a largo plazo de los particulares pudiere arriesgar la seguridad y la subsistencia de seres humanos.”

“10.31. En el presente caso se trata de la concurrencia de derechos cuya restricción, por un lado, pudiera estar afectando los derechos laborales y de empresa de un determinado número de personas, incluyendo al propio Estado, que pudiera verse privado de percibir ingresos económicos por concepto de exploración y explotación minera; y por otro lado, la posibilidad de que resulten afectados derechos e intereses colectivos o derechos de tercera generación que procuran el bienestar de la comunidad a través de la preservación de la ecología, la fauna, la flora y del medio ambiente, elementos estos que constituyen parte esencial de la riqueza natural, del patrimonio público y del propio futuro del pueblo dominicano.”

“10.32. En este punto, debemos precisar que las medidas destinadas a la preservación del medio ambiente, al tener un alcance general que traspasa el ámbito nacional, por propugnar, como parte del sostenimiento ecológico del planeta, la protección de los recursos eco sistémicos, hidrológicos y de biodiversidad existentes en cada Estado, la misma deviene en configurar la existencia de un derecho colectivo y difuso que tiene un alcance supranacional, que encierra el compromiso de que cada nación le otorgue preponderancia a la aplicabilidad de la misma en aquellos casos en que una actividad pueda o esté afectando de forma negativa ese sostenimiento, o ponga en riesgo el resguardo ecológico del país.”

“10.33. Si bien la explotación de los yacimientos mineros puede constituir una importante actividad generadora de riqueza que contribuye con el impulso del desarrollo económico, no es menos cierto que la necesaria protección del medio ambiente entraña tomar en cuenta los efectos devastadores que con frecuencia produce esta actividad, y cuando los estudios relativos al impacto ambiental de estos arroja resultados de tan alta negatividad, como expresan los informes expuestos por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), capítulo República Dominicana, y por la Academia de Ciencias de la República Dominicana, es preciso concluir que se ha pretendido la exploración y explotación de yacimientos mineros (recursos naturales no renovables) sin la existencia de un criterio medio ambiental sostenible.”

“10.34. Resulta evidente al tener las medidas destinadas a la preservación del medio ambiente un carácter general supranacional que propugna por la protección del bienestar de todos los seres humanos, estas hacen que los derechos de libertad de empresa y de trabajo queden limitados en su aplicación y efectos para permitir la plena ejecución de dicha preservación.”

11.  “En la observación presidencial hace correctamente referencia a leyes y decretos vistos en la Ley que crea al Parque Nacional Loma Miranda, derogados y/o incorporados a otras legislaciones. Este señalamiento no toca la parte dispositiva de la ley y aunque implica una deficiencia no afecta ni invalida dicha pieza legislativa ya que los vistos constituyen simplemente la observación del legislador sobre el sistema de leyes y ordenamientos jurídicos que precondicionan los textos que se elaboran.

12.  “La Universidad Autónoma de Santo Domingo saluda la atención que hace la Presidencia de la República a la necesaria y postergada Ley de Ordenamiento Territorial, que es un mandato de la Ley 64-00 postergado por 14 años y recogido por la Constitución del año 2010.”

Entendemos que esta ley contribuirá de manera significativa a evitar los conflictos en el uso, servirá de base a la planificación, pautará las líneas generales de utilización del territorio, pero de ninguna manera afecta la constitucionalidad de la ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda.

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