Jueces decanos de España piden hechos y no sólo palabras contra la corrupción

>> 3 de diciembre de 2014

Así no se puede continuar

Contra la corrupción, el poder judicial no cuenta con medios suficientemente eficaces. Eso es lo que dicen los jueces decanos de toda España, que quieren seguir siendo la conciencia más crítica de la justicia. Suelen hablar muy claro en sus declaraciones.


Esta vez también. Han celebrado una de sus reuniones periódicas y han elaborado unas conclusiones que son todo un aldabonazo para el poder político, porque piden hechos y ayuda efectiva contra la corrupción, y no sólo palabras.

La primera reclamación es un clásico en este tipo de documentos, más medios humanos y materiales, pero esta vez concretando mucho más, porque se pide la “dotación ágil de refuerzos a juzgados que lleven asuntos de especial complejidad, especialmente de corrupción”. con el fin de que sus titulares se dediquen “en exclusiva a este asunto las 24 horas del día”. También plantean la “revisión y, en su caso, supresión de aforamientos”, al considerar que “entorpecen y ralentizan de forma evidente y clara la instrucción de los procedimientos”.

Los decanos tratan de orientar la antena judicial hacia las inquietudes sociales. Y lo que captan ahora es la necesidad de ser eficaces contra la corrupción, porque creen que no sólo las instituciones y los partidos se juegan su prestigio en la persecución de los casos de delincuencia económica, cohecho y prevaricación, sino también ellos mismos, como garantes del respeto a la ley.

Por eso se dirigen al poder político en términos más perentorios que en otras ocasiones. “El poder judicial será todo lo eficiente que quieran que sea el poder ejecutivo y legislativo”, manifestó ayer el decano de Valencia, Pedro Viguer, en la presentación del documento de conclusiones.

El documento que han aprobado se titula “58 reflexiones para la reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupción”. En esta materia, los decanos piden ampliar el plazo de prescripción, introducir el delito de enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos durante su mandato y el de financiación ilegal de partidos políticos, y agravar las penas por tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios, entre otras medidas.

Defienden asimismo reducir la cuota defraudada en delitos contra la Hacienda Pública –ahora hay infracción penal por encima de los 120.000 euros–, agravar las penas por omisión del deber de denunciar y perseguir determinados delitos, introducir una modalidad de obstrucción a la justicia por no remitir al juez la documentación requerida o enviarla incompleta, agravar la desobediencia a la autoridad judicial cometida por funcionario, y limitar o prohibir la suspensión o la sustitución de las penas impuestas por corrupción.

También han planteado limitar la concesión de indultos a los que tengan informe favorable del tribunal y la suspensión de la pena mientras tramitan la petición, tras el “abuso” registrado, así como por contar con tribunales y juzgados especializados en asuntos económicos a nivel autonómico e incluso provincial. Los decanos abogan por potenciar la cooperación jurídica internacional para eliminar paraísos fiscales y por crear “una policía judicial auténtica”, la figura de “juez asesor” y un cuerpo de peritos contables vinculados a los jueces.

Pero tanto o más que nuevas medidas legales, lo que los jueces decanos piden a instituciones y partidos es un cambio de mentalidad sobre la justicia y su papel contra la corrupción. En el fondo, piden más respeto. En general y, sobre todo, a su independencia.

El decano de Málaga, José María Páez, manifestó ayer a este respecto que urge “sacar a la justicia del debate político”. Y pidió que “de una vez” las fuerzas políticas aborden “un gran pacto para definir el modelo de justicia que se quiere tener”. Todo ello porque resulta “muy difícil afrontar macrocausas” con los medios actuales, aunque también quiso tranquilizar a los ciudadanos al asegurar que “la justicia funciona, lenta, pero funciona”.

Pero lo haría mejor aumentando la ratio de 11 jueces por cada 100.000 habitantes hasta la media europea de 21. Y dedicando a la justicia “al menos el 3% de los presupuestos”. Junto a ello, la petición de que la Fiscalía Anticorrupción refuerce su independencia del Ejecutivo, sobre todo si en el futuro asume toda la responsabilidad de las investigaciones.

Lavanguardia.com

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