PC evalúa discurso Presidente Medina
>> 17 de agosto de 2016
Participación Ciudadana, movimiento cívico no
partidista, evalúa el discurso de toma
de posesión del presidente Danilo Medina Sánchez, resaltando lo siguiente:
Sobre política institucional:
En primer lugar hay
que ponderar los buenos propósitos de gestión anunciados por el
presidente Danilo Medina para el período
gubernamental que hoy se inicia, aunque en muchos casos se trata de
ratificación de los que fueron metas fundamentales para el período concluido.
En parte significativa están dirigidos a lograr o completar los proyectos no
ejecutados o pendientes de ejecución. Tales los casos de los servicios
fundamentales de energía, salud, agua potable, transporte, vivienda, reforma integral de la policía y nuevas
políticas de seguridad ciudadana. Satisface el compromiso de acentuar la lucha
contra la pobreza y de mejorar la calidad de los servicios educativos y de
salud.
Sin embargo, el presidente Medina produjo un discurso bastante similar
al del 2012 cuando inició su primer período de gobierno, ahora con mayor énfasis en presentarse como garante del
futuro de desarrollo y equidad, tanto que rozó el providencialismo. Configuró
un gobierno tan personal que ni siquiera aludió a su propio partido, ni mucho
menos a la sociedad civil organizada ni al pacto social al que había convocado
en el 2012.
Fue notable que el presidente ignorara las reiteradas y
amplias demandas de distintos sectores
por un pacto político-social que rescate la institucionalidad democrática, más
allá de repetición de la promesa de
apoyar las reclamadas leyes de partidos y del régimen electoral.
Desperdició la oportunidad de reconocer a las fuerzas políticas de
oposición y a sus legisladores y de tender
puentes de entendimiento tras las heridas dejadas por el desigual y
abusivo proceso electoral que dio origen al nuevo mandato. Las manchas de ilegitimidad del proceso electoral tuvieron
manifestación hoy mismo en la ausencia programada de los legisladores de los
partidos opositores en el acto de juramentación. Esto constituye una regresión,
pues no se había producido desde 1974.
Fueron notorias las omisiones en relación a las promesas
pasadas de que sería implacable con los corruptos, oportunistas y deshonestos;
de luchar contra la corrupción y la
impunidad. En esta ocasión, mantiene los buenos deseos de rectitud y la
voluntad de hacer las cosas bien, de estar al lado de la gente honrada,
olvidándose que el primero que tiene que tomar acciones firmes para la
transparencia, la rendición de cuentas y
impunidad es el Jefe de Estado y Jefe de gobierno de la nación.
Sobre la
economía nacional
Aunque configuró la necesidad de mayores
tributos y mejoramiento de la
calidad del gasto, no se refirió al compromiso de la Ley No.
1-12 que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo (END) para un
pacto fiscal, dejando dudas sobre cómo financiará sus nuevas promesas de
realizaciones.
Es deplorable que temas tan fundamentales como la
reestructuración del modelo económico de desarrollo, los consistentes déficits
fiscales y el enorme endeudamiento estuvieran ausentes del discurso de casi
hora y media del primer mandatario. No se refirió al cumplimiento de las metas
y resultados previstos en la END, ni a su principal instrumento de aplicación,
el plan plurianual del cuatrienio. Al pasar revista a las realizaciones del
período concluido y las acciones a desarrollar en el período 2016-2020 debió
tomar en cuenta dichas herramientas de planificación, a cuyos objetivos y
prioridades, de acuerdo a la legislación vigente, deben estar alineadas la
política fiscal (gastos e ingresos públicos) y, en consecuencia, las
intervenciones del Poder Ejecutivo.
La tasa de crecimiento económico del país señalada por el
Presidente de la República supera el promedio regional, sin embargo en la
mayoría de los indicadores de bienestar nos encontramos por debajo de la mayoría de países que componen la
región. Tampoco ha servido dicho
crecimiento para lograr los resultados esperados en el período en los servicios
de educación, salud, vivienda y saneamiento, entre otros, según lo establecido
en el plan nacional plurianual del sector público 2013-2016 y en END. Incluso,
la reducción de la pobreza a que hizo alusión el Presidente, ha sido escasa y
se mantiene a una tasa significativamente superior a la prevista en la END, de
27.1% para el año 2015.
Es cierto, como dijo el
presidente, que el déficit de cuenta corriente se ha reducido, pero debe
aclararse que dicha reducción ha obedecido al hecho fortuito de la disminución
de los precios del petróleo que ha tenido un impacto positivo muy significativo
en la factura petrolera del país, principal componente de nuestras
importaciones.
Por otro lado, cuando se atribuye el mérito de los bajos
niveles de inflación y de la estabilidad de la economía, debe recordarse que
esto ha sido posible por el desbordado endeudamiento público para financiar los
permanentes déficits fiscales con que ha venido operando el Gobierno Central y
al cada vez más desmesurado déficit cuasi fiscal del Banco Central. Basta señalar
que en el 2011 la deuda total del sector público ascendía a 24,165 millones de
dólares, equivalentes a un 42 por ciento del PIB y a junio del presente año se
había disparado a 34,776, sobrepasando el 50 por ciento del PIB. En esas
circunstancias carece de relevancia el destacar que el país ha saldado el
remanente de su deuda con el FMI, pues cada vez es mayor el compromiso con
otros entes privados de financiamiento.
En cuanto al énfasis en
los 400 mil empleos nuevos, creados en
su cuatrienio, debemos recordar que más de la mitad son empleos informales de
mucha volatilidad y que una cuarta parte son empleos en el propio sector
público, agrandando aún más una nómina supernumeraria. Basta señalar que en el
año 2011 los empleados del Estado eran 495,732 y a junio de 2016 ya alcanzaban
a 603,919. Eso explica que el pago de remuneraciones solo en el Gobierno
Central pasara de 79,043 millones en 2011 a 153,047 en diciembre 2015. Lo
anterior implica que en la actualidad el pago de remuneraciones en el Gobierno
Central absorbe más del 30 por ciento de los ingresos ordinarios.
Sobre
educación y salud
Reconocemos la decisión del gobierno de responder a la
demanda ciudadana de incrementar el presupuesto a la educación preuniversitaria
hasta el 4% del PIB. En general, la población valora positiva dicha decisión,
al tiempo que tiene fundadas reservas sobre la calidad del gasto educativo,
sobre todo luego de las graves irregularidades detectadas en la construcción de
escuelas, programa al cual se ha dedicado gran parte del incremento
presupuestario a educación. Sin embargo, no se han cumplido con los resultados
prometidos para el período 2013-2016, para el cual se proyectó elevar la tasa de cobertura de la educación de
grado pre-primario de 46.5% a 74.2% y de nivel media de 40.2% a 64.8%. La tasa de analfabetismo está muy por encima
de la meta de 4% y no se ha logrado mejorar los resultados de aprendizajes en
los niveles previstos en dicho plan.
En cuanto a salud y seguridad social, los resultados han sido muy pobres. Por
ejemplo, la tasa de mortalidad materna sigue superior a 100 por 100 mil nacidos
vivos, cuando la meta era reducirla a 50
en dicho período, mientras la tasa de mortalidad infantil también se mantiene
alta, a pesar de que se prometió reducirla a 15 por mil nacidos vivos. Gran
parte de la población, especialmente el 57 por ciento de los trabajadores
informales, continúa sin acceso a la
seguridad social, aunque la Ley de Salud y Seguridad Social lleva década y
media de vigencia. Tampoco se cumplieron con
otras metas establecidas en la
END, como la reducción de la tasa de desempleo a 11% para el 2015, y protección con seguro de
salud al 100% de la población al 2016. El gasto en salud pública ha sido muy
inferior al previsto, pues de acuerdo a la END, debió ser no menos de 2.8% del
PIB en 2015, pero se mantiene inferior a 2%.
CONSEJO NACIONAL
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