El gobierno de Evo Morales monta presión a los periodistas opositores

>> 29 de septiembre de 2016

Comunicadores críticos al presidente de Bolivia recibieron órdenes de la Justicia para retractarse de sus informaciones. El mandatario exigió “otro periodismo”


El gobierno de Evo Morales mantiene su presión sobre la prensa opositora. En medio de una larga batalla contra ciertos medios, el presidente de Bolivia pidió por "otro periodismo" que "informe la verdad".

Cada periodista que critica al Gobierno queda automáticamente en el foco del jefe de Estado. Un periodista fue obligado a retractarse por orden judicial, mientras que otra comunicadora recibió la orden por un tribunal de ética.

El periodista Humberto Vacaflor, reconocido periodista boliviano, tuvo que desdecirse por orden de un juez tras afirmar en una entrevista de TV que Morales fue uno de los autores intelectuales del asesinato de un policía antidrogas y de su esposa en el año 2000.

"Me retracto, me recontrarretracto, ¿qué puedo hacer?, el sistema es tan poderoso", declaró en la radio luego que un juez le diera un plazo de cinco días para hacerlo

"Creo que es obvio que tenga que retractarme, el sistema es muy fuerte", insistió. Él asegura que cuando comentó el hecho, únicamente aludió a una publicación del año 2003, en la que unos testigos acusaron al hoy presidente, en ese momento dirigente y parlamentario.

Morales, que se declara víctima de algunos medios, escribió después en su Twitter: "Mentir y robar es algo indigno para el ser humano. Otro periodismo que informe la verdad, es posible".

Vacaflor, de 73 años, exiliado en las dictaduras militares de Hugo Banzer(1971-78) y Luis García Meza (1980-81), aseguró que por su edad no tiene "la fuerza para seguir luchando contra los todopoderosos del actual Gobierno".

El hecho de que Vacaflor haya sido sometido a la justicia ordinaria es "sin duda, un mal precedente para los periodistas", reaccionó el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Nelson Martínez, que recordó que estos casos deben ser juzgados por una Ley de Imprenta de 1925.

En otro caso, el Consejo Nacional de Ética Periodística ordenó a las periodistas Amalia Pando y Roxana Lizárraga, a rectificarse de una información, atribuida a una fuente reservada, que aseguraba que la ministra de Salud, Ariana Campero, estaba embarazada de otro ministro casado y que, por tal, la esposa del aludido provocó un escándalo en la Casa de Gobierno. La versión resultó falsa.

infobae.com


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