¿Transparencia de piedra?

>> 11 de octubre de 2016

La semana pasada algunos medios destacaron un hecho que perdió pertinencia noticiosa: la corrupción. Según el reciente informe del Foro Económico Mundial, la República Dominicana aparece como el octavo país más corrupto del mundo y el quinto entre las naciones de América Latina. El estudio compara a 138 países del planeta.


Es obvio que en sociedades racionales ese dato alertaría a los sensores sociales menos sensibles; sin embargo, en un medio políticamente domesticado como el que vivimos apenas arranca pálidas reacciones. Algunas de las más reseñadas fueron las del secretario general del partido oficialista, Reynaldo Pared Pérez, quien dijo: “que si existe algo en que el Presidente Danilo Medina ha puesto especial énfasis es en hacer un ejercicio transparente de la Presidencia de la República”; antes, el 27 de agosto, el mismo dirigente expresó que en el PLD solo hay “dos o tres corruptos”. Por su parte, el director general de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet, calificó de vergonzoso el informe.  Como se advierte, es más preocupante la aparente inconsciencia de los actores responsables que la mala percepción sobre el problema.

La corrupción pública ha sido arte abstracto en los gobiernos de Danilo Medina. Como forma de defender su gestión ética, el gobierno ha repartido entre los funcionarios un manual apologético con trazos muy vagos. En ese libreto la palabra clave es transparencia: concepto metafísico e inaprensible para una sociedad instintivamente suspicaz. Para aterrizarlo se aportan los ejemplos de siempre: las licitaciones de escuelas por sorteo y la cuenta única de Tesorería.   Todo lo demás es confitería retórica cuyo colorido lo pone la creatividad o la mendacidad del vocero. A pesar de los ingentes empeños disimuladores, la deuda ética gana desconfianza y hace perder la menguada credibilidad del Gobierno; la razón es simple: esta administración no ha hecho nada relevante para cambiar la funesta percepción que se afirma en todos los barómetros mundiales y que nos margina de la civilización como una nación éticamente paria.  Y es que en cuestión de moral no funcionan las intenciones, las promesas ni los juramentos; se impone la verdad de los hechos. Veamos a seguidas si existe alguna voluntad comprometida con decisiones realmente convincentes.

Pero ¡qué va!, el país va bien, con un ritmo de crecimiento económico histórico y una paz social envidiable.  Cualquier queja es un grito resentido de los envidiosos, esos que critican porque no están en el gobierno.

Para empezar, toda gestión ética de los bienes públicos debe controlar la lealtad del funcionario. Un proceso convencionalmente aceptado en la administración pública moderna es la declaración patrimonial que este debe dar al entrar y salir de su cargo. Resulta que esa obligación estuvo regida en nuestro ordenamiento normativo por la Ley número 82 del 16 de diciembre de 1979. Esta ley era apenas una proclama poética porque, además de establecer un sistema declarativo anacrónico e ineficiente, no contemplaba ninguna sanción en contra de los funcionarios que falsearan la información requerida en la declaración; por eso fue derogada y sustituida por la Ley número 311-14 del 8 de agosto de 2014, que, a pesar de adolecer de notables carencias e inconsistencias, consagró al menos los delitos de falseamiento de datos y de enriquecimiento ilícito. Otro aporte fue crear la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos bajo la regencia de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana para comprobar la veracidad de la información contenida en las declaraciones juradas y controlar el cumplimiento de la declaración por parte de los funcionarios.

Sucede que la Ley número 311-14 quedó sujeta a un reglamento de aplicación que, en teoría y según su propio mandato, debió ser aprobado a los noventa días de su promulgación.  No es sino hasta el 29 de febrero de este año (casi dos años después) cuando el Poder Ejecutivo dicta, a través del Decreto 92-16, el reglamento que tenía en ascuas la disposición legal. En otras palabras, la administración de Danilo Medina duró casi la segunda mitad de su gestión anterior en un limbo legal por la desidia del gobernante con un tema primario de transparencia pública. Pese a eso, conocemos todo el trabajo empeñado para conminar a los funcionarios a cumplir un acto que debiera ser rutina burocrática. Lo peor: las declaraciones dadas por la mayoría son inverosímiles y no soportan una comprobación razonable. Si en un tema tan elemental como ese ha faltado la voluntad que sobró para festinar la reelección presidencial o para aprobar la emisión de deuda soberana, debemos convenir que el “compromiso” de Danilo Medina con la transparencia es inequívocamente sinfónico.

Otro caso antológico de esa transparencia rocosa fue la licitación y construcción de la planta generadora más grande y costosa del país: Punta Catalina. Un negocio turbio desde su concepción hasta convertirse en el fiasco más colosal de lo que va de siglo en inversión pública. Las sombras y marañas de este proyecto han impedido que los organismos de cooperación financiera presten un centavo por los enormes riesgos reputacionales, políticos y jurídicos envueltos, empujando al Gobierno a liquidar parte de su participación accionaria. Las preguntas sobran: ¿quién cargará con los sobrecostos del proyecto: el país o los inversionistas?; ¿sobre cuáles bases el gobierno estimó la participación en venta?; ¿quiénes comprarán una planta sobrevalorada al doble? Esas interrogantes y otras tantas quedarán atrapadas en un negocio enigmático de mudas complicidades políticas. Los expertos en el tema aseguran que una generadora de gas natural con igual capacidad podría tener un valor inferior al cincuenta por ciento del presunto costo de esta Torre de Babel. En condiciones racionales de mercado los únicos candidatos para adquirir estas acciones son fondos privados holdouts o buitres. La nación estará atenta a los participantes en la licitación y en los procesos de venta. En ese celo velará para descubrir las tramas de opacidad armadas a través de las socorridas offshores (controladas piramidalmente por otras sociedades extraterritoriales) para disfrazar la identidad de los grupos locales de poder que desde el principio husmean como hienas en el proyecto. ¡Nos conocemos!

En este gobierno los escándalos se apagan con otros ruidos, las denuncias se disipan como espumas y los procesos se diluyen en la instrucción.  El PLD ha logrado imponer su torcida ética en la que todo se justifica con el silencio o la tácita aceptación; una visión permisiva que relativiza los mismos desmanes que en contextos normales abren investigaciones.  Pero ¡qué va!, el país va bien, con un ritmo de crecimiento económico histórico y una paz social envidiable.  Cualquier queja es un grito resentido de los envidiosos, esos que critican porque no están en el gobierno. ¡Pobre país!

Por José Luis Taveras

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