Maduro engrasa la máquina de mentiras para cegar a los venezolanos

>> 14 de diciembre de 2016

El oficialismo gubernamental en Venezuela ha cercenado el derecho a la libertad de expresión por varias vías: la mordaza estructurada –con leyes que limitan este fundamento, un aparato institucional contra periodistas disidentes, sanciones económicas de organismos del Estado en perjuicio de empresas de la comunicación social y ataques impunes de simpatizantes del oficialismo– y la manipulación tarifada –con empleo de la red de medios estatales, apertura de otros progobierno y compra de empresas mediáticas otrora críticas al manejo abusivo del poder.


El último capítulo de esta cacería contra el pensamiento disidente es la reciente declaración del director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel), Andrés Eloy Méndez, quien anunció que ese organismo evalúa reformas para regular las redes sociales. “Nosotros en Conatel, con un estudio de Derecho comparado internacional adaptado a nuestra premisa constitucional y revolucionaria, estamos adecuando normativas para la utilización de internet y de todas estas nuevas tecnologías”, señaló a fines de noviembre al canal televisivo Venevisión. Ya en 2015 la Fiscal General de la República venezolana, Luisa Ortega Díaz, había adelantado un proyecto de ley con semejante propósito.
El ejecutivo venezolano creó entre 2003 y 2004 organismos y leyes para propiciar la censura previa, tales como comités de usuarios –conformados bajo su control– y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Su aplicación se tradujo en medidas sancionatorias para estaciones que vieron mermados sus ingresos por altas multas, propiciando cambios en el contenido y tratamiento informativo, así como autocensura.
El cierre de la señal abierta de RCTV en 2007, así como las presiones para que en 2010 saliera del aire RCTV Internacional –hechos que dejaron sin empleo a alrededor de 5,000 personas entre periodistas, productores, personal técnico y administrativo– no fueron hechos aislados y sentaron un precedente negativo en Venezuela. El impacto para los demás medios de comunicación fue decirles a los otros: “Si ya lo hice una vez, con la planta televisiva más antigua y reconocida por sus contenidos y producción, puedo hacerlo nuevamente”, como en efecto lo hizo en 2009, con las más de 30 emisoras radiales y dos televisoras regionales que cerró luego del apagado en señal abierta de la referida planta televisiva.
El mecanismo contra las empresas se utilizó durante los últimos años. Desde 2013 y hasta el presente, medios de comunicación que habían sido críticos al régimen, tras ser vapuleados con cuantiosas sanciones administrativas y presiones económicas, fueron adquiridos por presuntos aliados de personeros del Gobierno, que han impuesto una visión “equilibrada” en el tratamiento de las noticias. Nos referimos a las compras del canal televisivo de noticias Globovisión, y de medios impresos tales como El UniversalNotitarde y la Cadena Capriles.
Además, páginas web de empresas informativas internacionales –tales como NTN 24 e INFOBAE– fueron bloqueadas en el país, bajo el argumento de que las mismas habrían promovido acciones terroristas. Continuamente el gobierno venezolano ha denunciado supuestas conspiraciones mediáticas orquestadas por medios internacionales que lo cuestionan fuera del alcance de su poder de control y regulación, como ejemplo también están los constantes señalamientos de Maduro contra CNN, ABC y El País de España.
En el camino de esta “sublimación” de la censura, también se han impuesto en Venezuela controles para la importación de papel periódico: según han denunciado organizaciones no gubernamentales tales como “Espacio Público”. La Corporación Maneiro, dependiente del Poder Ejecutivo de Nicolás Maduro, controla casi la totalidad de la distribución papel periódico en el país, haciéndolo a discreción y ocasionando la disminución del tiraje de medios impresos, en especial de los críticos, que disminuyen sus páginas al no encontrar materia prima.
El cierre de RCTV derivó en consecuencias sobre la ciudadanía que se perciben todavía en el 2016, cuando a pesar del casi absoluto control mediático del Estado, se generan denuncias contra directivos de medios aún disidentes. A 22 de ellos, de los medios El NacionalTal Cual La Patilla, les prohibieron salir del país. El 3 de septiembre, el director del portal web Reporte Confidencial, Braulio Jatar, fue detenido bajo la acusación de supuesto lavado de dinero. La aprehensión se produjo horas después de que el medio difundiera un video grabado en la localidad de Villa Rosa, en el estado Nueva Esparta, isla del oriente de Venezuela. El audiovisual mostraba un cacerolazo contra el gobernante Nicolás Maduro, cuando el propio mandatario pasaba por el lugar, en la noche del viernes 2 de septiembre.
Familiares del periodista han denunciado violaciones a sus derechos humanos y ha sido aislado durante varias semanas, en medio de retardos procesales.
El caso de Jatar recuerda el de la periodista Patricia Poleo, y al empresario de medios Nelson Mezerhane, acusados por el régimen como supuestos autores intelectuales del asesinato del Fiscal 4to Nacional en Material en Material Ambiental, Danilo Anderson, ocurrido mediante atentado con uso de explosivos el 18 de noviembre de 2004. Ambos debieron salir del país para no ser alcanzados por las “revelaciones” de un presunto “testigo estrella”, Giovanni Vásquez, quien después, en 2006, resultó ser un fraude, según lo admitió el propio Fiscal General que conducía el caso, Isaías Rodríguez, hoy embajador de Venezuela en Italia. Rodríguez reveló, después de semejantes acusaciones, que Vásquez lo había “engañado”.
El régimen venezolano procura que el ciudadano carezca de la posibilidad de acceder a ideas consideradas inconvenientes. Al 2016, la televisión abierta en Venezuela está ante lo que podría calificarse como “el silencio de los inocentes”, ante la perseguida libertad de expresión en el país, maltrecha, en algunos casos disfrazada como información “equilibrada”, “justa”, “veraz”, “objetiva” –según los propios lemas con los cuales se presentan las plantas televisivas hoy permitidas en señal abierta.
El Dr. Marcelino Bisbal, investigador del fenómeno comunicacional en Venezuela, expone cambios en el paisaje mediático, con el ascenso al poder del extinto mandatario Hugo Chávez, que se conservan hoy día: “El paisaje mediático que se empezó a tejer en aquel país de 1999 es bastante distinto del que veníamos conociendo. Hoy contamos con un sector de medios privados, que si bien es cierto es mayoritario todavía, no tiene el peso y la incidencia de entonces. El mismo ha sido muy cercenado por una sistemática violación de los derechos de comunicación de la que han sido víctimas empresarios de medios y periodistas”.
Bisbal también arroja otros componentes de la manipulación tarifada, al referirse al crecimiento desordenado y orientado políticamente de los medios comunitarios, empleados como instrumentos ideológicos y propagandísticos del Gobierno. Tampoco se exime la red de medios estatales, con los cuales se pretende establecer una hegemonía comunicacional prorrevolución chavista, “en donde los medios del Gobierno en funciones de Estado, que supuestamente deberían ser de todos los venezolanos, por lo tanto realmente públicos, han pasado a ser instrumentos de la facción política en el poder”, indica el experto.

La violencia sigue impune contra los periodistas

Parte de lo que se vive en esta nación consta en los informes de impunidad en América y El Caribe levantados por la red global de organizaciones comprometidas con la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión IFEX (International Freedom of Expression Exchange). En su informe de 2012, el organismo revela algunos peldaños de la estructura de la mordaza instalada en Venezuela. Doscientos treinta y tres atentados contra la libertad de prensa y de expresión en Venezuela contabilizados por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela, entre 2008 y 2010, sin que en ninguno de ellos haya habido una medida de reparación a los afectados o sanción a los responsables, que en su mayoría (15.02 por ciento del total de los agresores de ese período) pertenecían a la categoría de “Simpatizantes del presidente Hugo Chávez”.
En las últimas décadas, los dictadores echan mano de mecanismos cada vez más sutiles, que buscan censurar por vías indirectas, en procura de conservar una fachada de supuestas libertades. Al inicio del gobierno de Hugo Chávez se crearon círculos bolivarianos, organizaciones que se instituyeron como organismos “paraestatales” que, en pro de la llamada “revolución”, agredieron a periodistas y atentaron contra medios, gozando de la mayor impunidad y aceptación de las autoridades. Ahora con otros nombres, tales como “colectivos”, el amedrentamiento y hostigamiento hacia la prensa persiste, también con violencia callejera, ante la mirada indolente del Ejecutivo venezolano.
IPYS VENEZUELA REGISTRÓ 44 AGRESIONES Y 34 ROBOS A EQUIPOS REPORTERILES EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 2016, INCLUIDA UNA OCURRIDA EL PASADO 2 DE JUNIO, CUANDO 19 PERIODISTAS RESULTARON HERIDOS DURANTE UNA MANIFESTACIÓN
Según refiere el IPYS Venezuela, el pasado jueves 17 de noviembre dos hombres “con la cara descubierta y vestidos de camisa manga larga y jeans” entraron a la sede del medio digital El Estímulo, sometieron al personal presente dentro de una sala por unos 10 minutos y robaron 12 laptops, 10 teléfonos celulares, dinero en efectivo y equipo de transmisión portátil. El 4 de noviembre, alrededor de 15 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), cuerpo de seguridad del Estado, golpearon salvajemente e intentaron detener arbitrariamente al locutor Magno Barros, de Radio Autana 90.9 FM.
En una protesta contra la suspensión del Referendo Revocatorio, llevada a cabo el pasado 26 de octubre, el reportero del portal web El Pitazo TV, Emmanuel Rivas, recibió tres impactos de perdigón, según sostuvo, de parte de la policía estatal de Mérida, región andina venezolana. IPYS Venezuela registró 44 agresiones y 34 robos a equipos reporteriles en los primeros nueve meses de 2016, incluida una ocurrida el pasado 2 de junio, cuando 19 periodistas resultaron heridos durante una manifestación contra la escasez y la crisis, en Caracas. La cuenta y los episodios se extienden, en absoluta impunidad.

La meta es dominar a la audiencia 

La “Declaración de Principios sobre el Derecho a la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” establece que ésta es un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática; sin ella, una persona no puede definir con todas las opciones existentes la orientación de sus opiniones y decisiones.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 22 de junio de 2015, sobre el caso “Marcel Granier y otros (RCTV) vs. Estado venezolano”, establece consideraciones sobre la Libertad de Expresión: la Corte ha enfatizado que la libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés público, “sin una efectiva garantía de la libertad de expresión, se debilita el sistema democrático y sufren quebranto el pluralismo y la tolerancia; los mecanismos de control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y, en definitiva, se crea un campo fértil para que arraiguen sistemas autoritarios”.
Esta sentencia de la CIDH daba a Marcel Granier y otros, en el caso “Radio Caracas Televisión Vs. Venezuela, el derecho a la restitución de su señal abierta. El dictamen fue desoído por el régimen de Nicolás Maduro, que empleó el aparataje institucional –sentencia del Tribunal Supremo de Justicia– para declarar que la CIDH estaba fuera de orden y que su dictamente era “inaplicable”.
Con información del libro “La pantalla censurada”, de León Hernández y Andrés Cañizález.
León Hernández - @El_Leon

Read more here: http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article120860053.html#storylink=cpy

0 comentarios:

Publicar un comentario

  © Blogger template Webnolia by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP