¿Por qué declararon inadmisible el acuerdo ESTADO-ODEBRECHT?

>> 3 de marzo de 2017

El Ministerio Público le pide al juez la aplicación de una medida de “solución alternativa” más un “acuerdo”. Estas son solicitudes extrañas al orden legal procesal penal y no están escrita en el Código Procesal Penal (CPP). 


Al juez no se le pide aplicar solución alternativa, se le puede pedir que conozca de una solicitud de suspensión condicional del procedimiento, penal abreviado y la aprobación del criterio de oportunidad respeto de uno de los imputados previo a una declaratoria de caso complejo basado en el artículo 370 del CPP. A los jueces se le pide algo concreto.


En la misma instancia, el Ministerio Público le solicita al juez de la instrucción que homologue dicho acuerdo. Esto es otra petición extraña al CPP, aunque de manera rara la resolución no. 1029-2007 de la Suprema Corte Justicia judicializa la conciliación, (judicialización y homologación que el CPP no ordena ni autoriza), ya que la conciliación conforme al código procesal es una facultad exclusiva de las partes y que el juez no tiene que homologar. La conciliación, según la ley penal, es una figura fuera del alcance del juez penal.

Señala el juez en su decisión que el ministerio público no precisa ni indica con claridad cuál de las soluciones alternativas o más bien a qué tipo de acuerdo es que desea que se aplique, página 7 de la resolución.

De igual modo, el juez en su resolución expresa y motiva que el pedimento del ministerio público no procede porque la conciliación no está reservada para el ministerio público, sino más bien, para las demás partes. Es decir, el órgano persecutor no puede procurar un acuerdo.

También el ministerio público hace la solicitud primero de declaratoria de caso complejo, el juez la otorga, luego pide que se homologue un acuerdo sin nombre. Esto es un absurdo legal.

Otro aspecto a resaltar, lo constituye el hecho de que la compañía por medio de sus abogados y el gerente solicitaron al juez que aplique el criterio de oportunidad del artículo 370.6 del CPP. La solicitud de aplicación de ese artículo es una facultad exclusiva y única del ministerio público, no de más nadie. A sí mismo, pidieron al juez que extinga la acción penal a favor de Odebrecht, esto es otro absurdo jurídico, toda vez que ahí no se pide la extinción de la acción penal.

Finalmente, es importante indicar que esta decisión no tiene abierta el recurso de apelación, en razón de que el sistema de recurso impuesto por el CPP es un sistema taxativo, es decir, que solo se recurre en apelación lo que el legislador diga de manera expresa que tal resolución se apela. En el presente caso el legislador no dice que dicha decisión se pueda apelar. Sin embargo, este fallo tiene abierta el recurso de oposición fuera de audiencia, el cual se interpone por ante el mismo juez que dictó la resolución y esta abierto para todas aquellas decisiones que no tengan abierta una apelación según lo dispone el artículos 409 y 416 del CPP.

Un aspecto que quiero expresar es que la decisión del juez también carece de ciertas fallas procesales y la Resolución No. 1029-2007 de la Suprema Corte Justicia que organiza la conciliación es cuestionable.

La declaratoria de inadmisibilidad no existe como figura que sanciona un pedimento en lo penal. El juez manifiesta varias contradicciones en su decisión.

Por su parte, la resolución que rige la conciliación es contradictoria al Código Procesal Penal, toda vez, que esta judicializa la conciliación, prohíbe la conciliación en delitos de acción pública, crea la figura de la homologación y confunde al mediador como un acuerdo o conciliación. Todos estos la ley procesal penal no lo contempla. En el CPP no existe la homologación, no ordena que se judicialice la conciliación, prevé la conciliación para delitos d acción publica y ubica al mediador como un elemento para llegar a la conciliación.

En fin, la Procuraduría General de la República nunca especificó qué tipo de acuerdo de los cincos que dispone el Código Procesal Penal es el que quiere. Cada uno de estos acuerdos tiene nombre y tienen sus propias características legales.

Por: John Garrido (abogado penalista y constitucional)

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