VENEZUELA: La destrucción de la poca democracia que quedaba

>> 31 de marzo de 2017

El gobierno de Nicolás Maduro ha demolido con una sentencia judicial lo poco que quedaba de institucionalidad democrática al haber hecho desaparecer la división de los poderes públicos en Venezuela. 


La anulación de la Asamblea Nacional, elegida por última vez en diciembre del 2015, es de una gravedad política enorme que aumenta la inestabilidad y los riesgos de violencia. Significa un punto de no retorno en la grave fractura que vive Venezuela. La inhabilitación total del Parlamento resulta inconcebible en cualquier país que se considere una democracia. Esta nueva situación, que merece el máximo repudio, representa la ruptura del hilo constitucional en Venezuela.


Es una decisión que recuerda el autogolpe del ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) de disolver el Congreso. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, controlado por el Gobierno, permite que Nicolás Maduro asuma el control absoluto de todos los poderes del Estado como lo hizo Fujimori en 1992. También evita que el Parlamento sea una voz activa disonante. En el último año y medio el gobierno, a través del Tribunal Supremo de Justicia, ha frenado 46 propuestas legislativas de la Asamblea Nacional.

Asimismo, el fallo mediante el cual el Tribunal Supremo asume las atribuciones del Parlamento, tiene un serio trasfondo económico. Se produjo en respuesta, entre otros, a un recurso de interpretación sobre la creación de empresas mixtas en el sector petrolero. De acuerdo a la Constitución (artículo 187), el Gobierno no puede firmar contratos de interés público sin el consentimiento del legislativo. Esta cuestión era clave para Maduro, que busca financiamiento para hacer frente al grave déficit fiscal calculado en 11,5% del PBI en el 2016.

Más allá de las posibilidades diplomáticas de aplicar la Carta Democrática Interamericana en el ámbito de la Organización de Estados Americanos, lo inmediato es que Caracas evite seguir profundizando la pérdida de las libertades fundamentales y la violación de los derechos humanos, cese la persecución política de la oposición y confirme el cronograma electoral oportunamente pautado.

Toda América Latina debe reclamar por el urgente regreso de la democracia venezolana. También por la libertad de todos los presos políticos, que se mantenga la convivencia pacífica y la plena vigencia del estado de derecho. Es de esperar que la tragedia del grave quiebre institucional en Venezuela no signifique un aumento de la represión política o la disminución de las libertades individuales.

INFOBAE.COM

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