Perseguidos por Maduro, alcaldes y magistrados pasan al exilio y a la clandestinidad

>> 12 de agosto de 2017

Sabiendo que querían “secuestrarlo”, Gustavo Marcano salió a esconderse y desde ese momento viajó de un lugar al otro, variando incluso las ciudades, y manteniéndose alejado de su teléfono celular para que no le rastrearan a través de su señal.


Marcano es alcalde de Lechería –municipio del estado Anzoátegui que simultáneamente es uno de los más pequeños y más ricos de Venezuela– pero no podía acudir a las autoridades.

Y es que precisamente se estaba escondiendo de ellas.

Marcano es parte de un grupo de 25 alcaldes, dos gobernadores y 33 magistrados vinculados a la oposición que están siendo buscados por el aparato represor del régimen de Nicolás Maduro como si fuesen criminales, en una nueva pero más burda y desaforada manifestación del uso del sistema judicial para la represión y la persecución política.

“Nos tocó refugiarnos en sedes diplomáticas para resguardar nuestra integridad física”, manifestó Marcano en una entrevista con el Nuevo Heraldd. “Este proceso judicial no tiene precedentes y no tiene ningún tipo de fundamento en el ordenamiento político venezolano, por lo cual nos tocó estar semanas en la clandestinidad”.

Marcano logró burlar el cerco policial y salir de Venezuela. Esta semana se encontraba en Miami, al igual que algunos de los nuevos magistrados nombrados por la oposición.

Pero el resto de las autoridades se mantienen escondidas, mientras agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) montan guardia en sus oficinas y residencias y sus amigos y familiares reciben amenazas anónimas de muerte.

Algunos no han logrado escapar.

Alfredo Ramos, alcalde de Iribarren, estado Lara, fue capturado en su despacho y “hoy se encuentra [en la sede del Sebin en Caracas] arbitrariamente secuestrado y detenido”, señaló Marcano.

De los 77 alcaldes opositores elegidos en el 2013, 34 (un 44 por ciento del total), han sido víctimas de algún tipo de ilegitima acción gubernamental, enfrentando destituciones y encarcelamientos, reportó la firma de asesores ORC Consultores en un informe.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) esta semana condenó a 15 meses de prisión y declaró la inhabilitación política del alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, y del alcalde de el municipio capitalino de Chacao, Ramón Muchacho, quienes al igual que Marcano Ramos y los otros alcaldes son acusados de no hacer nada por evitar las manifestaciones de protesta emprendidas contra Maduro.

Esas decisiones del TSJ son ilegítimas y carecen de toda validez, dado que están siendo emitidas a espaldas de los nuevos magistrados designados por la Asamblea Nacional, pero éstos no tienen ninguna posibilidad de actuar, dado que también están siendo solicitados por el aparato represor de Maduro.

Miguel Ángel Martín, quien hoy es el nuevo Magistrado Principal de la Sala Constitucional del TSJ, se vio obligado a huir clandestinamente de Venezuela y llegó a Estados Unidos con solo una maleta.

“Pero hay que seguir hacia adelante, luchando, luchando por el futuro”, dice mientras mira y abraza a su joven hija para reforzar sus palabras.

Varios de sus homólogos también lograron salir del país, pero otros se encuentran en la clandestinidad, otros están refugiados en sedes diplomáticas, y al menos uno, el magistrado Ángel Zerpa, enfrenta duras condiciones de un cautiverio ilegal, señaló Martín al Nuevo Herald.

“Está preso. Está encerrado en un baño. Tiene 13 días si recibir alimentos. Tiene 13 días sin recibir su medicina de la tensión […] Es una vejación lo que están haciendo con el magistrado Ángel Zerpa”, relató Martín.

El magistrado se encuentra incomunicado y está siendo procesado por un tribunal militar, en lo que es una violación de convenios internacionales de derechos humanos y de la propia Constitución de Venezuela.

Era de esperarse que el régimen reaccionara hostilmente a la decisión de la Asamblea Nacional de nombrar nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, acción que buscaba poner fin a su control sobre el aparato de justicia venezolano.

Pero “yo no me imaginé particularmente que iban a llegar a estos niveles de maldad, de poner presos a magistrados, perseguir al resto, de congelarle sus cuentas y sus bienes, de anular pasaportes, de prohibir la salida del país”, dijo Martín.

Entre los magistrados en clandestinidad se encuentra Ramsis Ghazzaoui, quien dijo desde Caracas que se convirtieron en perseguidos políticos desde el mismo momento en que fueron juramentados por el mismo sistema judicial al que ellos se disponen a reformar.

“Nuestro único delito fue habernos presentado en un proceso abierto, público, y nuestro único delito fue la presentación de nuestras credenciales”, manifestó Ghazzaoui en una entrevista telefónica. elnuevoherald.com

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