Directora de un liceo retiene y borra grabaciones de reportera

Comprobado. Un poloshirt de venta en pleno pasillo del liceo Gregorio Urbano Gilbert. Algunos padres de alumnos presentaron la queja y Listín Diario mandó a averiguar el asunto.

Como dice el refranero popular: “quien no tiene hecha, no tiene sospecha”, y al parecer en el liceo Gregorio Urbano Gilbert, de Pantoja, hay unos cuantos misterios por descifrar. Queremos pensar que a lo mejor por tratarse de un medio de comunicación fue el preludio que terminó por desencadenar la conducta que a continuación dejará más preguntas que respuestas.

 Los rumores, siempre son rumores hasta que se confirman, y realizar simples preguntas y constatar la realidad y las vías más objetivas siempre son la misión periodística. La acción tomada por las autoridades de la recién inaugurada escuela da por pensar que hay muchas “hechas que huelen a sospechas”.

Estaba realizando una grabación para comprobar las quejas de algunos padres sobre la venta de uniformes en ese centro educativo. A mi llegada, me dirigí con una de las madres de tres hijos que estudian allí, quien de manera voluntaria decidió acompañarme a esta investigación, pero no sabía qué estaba por acontecer.

Llegamos, y preguntamos al portero donde estaba la venta de los uniformes: El hombre, con un dedo me señaló el lugar. Fuimos hacia la pequeña habitación destinada al “Laboratorio de física” y que ahora era el depósito de las vestimentas escolares.

Hablo con una de las jóvenes que estaba encargada de la supuesta venta, a la que llamaremos como “María”; Luego me detalla el costo de los uniformes: a 500 pesos los t-shirt, 800 pesos los pantalones y 150 pesos los distintivos. Luego le pregunto dónde está la oficina de la directora del centro. 

A continuación, esperamos cerca de tres minutos y entramos a la pequeña oficina de la ejecutiva.

Mientras me preparaba a iniciar la grabación, comenzó la tertulia hablando sobre la inquietud de algunos padres por el precio de los uniformes a lo que ella contesta que aún el Ministerio de Educación no ha enviado los atuendos a utilizar por los estudiantes, y sobre la interrogante de la “supuesta venta del uniforme” dijo que se trataba de una petición colectiva de algunos padres de estudiantes de nuevo ingreso que carecían de esa vestimenta, por lo que optaron por vender aquellos que habían enviado de manera voluntaria su firma, a fin de que les sean vendidos los uniformes.

La directora Daris Miladis Feliz aclaró que eran alrededor de 100 uniformes para aquellos que con insistencia habían acordado, en conjunto con el distrito educativo 15-01, la elaboración de dichas piezas. Mostró un supuesto documento que “respaldaba” su declaración, en este caso si fuera verídico tal documento, me habría permitido tomarle una foto y así “salir de dudas”. 

Sin embargo, se negó.

En cuestión de segundos, y conforme las preguntas se hacían más persistentes, la discente se molestó y acto seguido se percató de que estaba siendo grabada por mi celular personal. Me advirtió que era un acto ilegal y que, sin previa autorización suya, no podía realizar las grabaciones. Fue entonces que la profesional se irritó aún más alegando “la falta cometida”, me sugirió que borrará los audios, pero, ante mi negativa, decidió pararse de la silla negra de su escritorio, y por segunda vez me dijo que llamaría a los agentes del orden a través del 911, que podía ser encarcelada y que ella tenía la potestad de realizarme una demanda.

Entonces procedió  a cerrarme la puerta de la oficina con el compendio de llaves que tenía a su disposición. Se paró delante de mí con una actitud desafiante y me atribuyó el hecho de “querer hacerle un daño”.

Y alegó que con mucho trabajo había conseguido todo cuanto ha logrado, que es una madre soltera que, con esfuerzos,  ha “echado adelante sus cuatro hijas”.  Según ella, mis videos serían “su llave al fracaso”. A seguidas me arrebató el celular y lo guardó en una gaveta.

Siguieron los reproches y advertencias.  Tras una serie de amenazas con llamar a la policía, le di la contraseña de mi teléfono y borró mis grabaciones, con ayuda de una joven.

Entre un sinfín de reproches le pido que llamen  a mi fotorreportero de servicio, Víctor Ramírez.  Entonces se calmó un poco.  Luego abrió la puerta y, tras haberme mantenido encerrada y desprovista de mi celular, al fin nos liberó de todo aquello.

Su comportamiento fue muy cuestionable, porque si se se está realizando en el marco de la ley, no hay razón para actuar de esa manera, mucho menos retener a alguien contra de su voluntad.

Por Karen Vásquez - listindiario