Directora de un liceo retiene y borra grabaciones de reportera
>> 14 de agosto de 2018
Comprobado. Un poloshirt de venta en pleno pasillo del liceo Gregorio
Urbano Gilbert. Algunos padres de alumnos presentaron la queja y Listín
Diario mandó a averiguar el asunto.
Como dice el refranero popular: “quien no tiene hecha, no tiene
sospecha”, y al parecer en el liceo Gregorio Urbano Gilbert, de Pantoja,
hay unos cuantos misterios por descifrar. Queremos pensar que a lo
mejor por tratarse de un medio de comunicación fue el preludio que
terminó por desencadenar la conducta que a continuación dejará más
preguntas que respuestas.
Los rumores, siempre son rumores hasta que se confirman, y realizar
simples preguntas y constatar la realidad y las vías más objetivas
siempre son la misión periodística. La acción tomada por las autoridades
de la recién inaugurada escuela da por pensar que hay muchas “hechas
que huelen a sospechas”.
Estaba realizando una grabación para comprobar las quejas de algunos
padres sobre la venta de uniformes en ese centro educativo. A mi
llegada, me dirigí con una de las madres de tres hijos que estudian
allí, quien de manera voluntaria decidió acompañarme a esta
investigación, pero no sabía qué estaba por acontecer.
Llegamos, y preguntamos al portero donde estaba la venta de los
uniformes: El hombre, con un dedo me señaló el lugar. Fuimos hacia la
pequeña habitación destinada al “Laboratorio de física” y que ahora era
el depósito de las vestimentas escolares.
Hablo con una de las jóvenes que estaba encargada de la supuesta
venta, a la que llamaremos como “María”; Luego me detalla el costo de
los uniformes: a 500 pesos los t-shirt, 800 pesos los pantalones y 150
pesos los distintivos. Luego le pregunto dónde está la oficina de la
directora del centro.
A continuación, esperamos cerca de tres minutos y
entramos a la pequeña oficina de la ejecutiva.
Mientras me preparaba a iniciar la grabación, comenzó la tertulia
hablando sobre la inquietud de algunos padres por el precio de los
uniformes a lo que ella contesta que aún el Ministerio de Educación no
ha enviado los atuendos a utilizar por los estudiantes, y sobre la
interrogante de la “supuesta venta del uniforme” dijo que se trataba de
una petición colectiva de algunos padres de estudiantes de nuevo ingreso
que carecían de esa vestimenta, por lo que optaron por vender aquellos
que habían enviado de manera voluntaria su firma, a fin de que les sean
vendidos los uniformes.
La directora Daris Miladis Feliz aclaró que eran alrededor de 100
uniformes para aquellos que con insistencia habían acordado, en conjunto
con el distrito educativo 15-01, la elaboración de dichas piezas.
Mostró un supuesto documento que “respaldaba” su declaración, en este
caso si fuera verídico tal documento, me habría permitido tomarle una
foto y así “salir de dudas”.
Sin embargo, se negó.
En cuestión de segundos, y conforme las preguntas se hacían más
persistentes, la discente se molestó y acto seguido se percató de que
estaba siendo grabada por mi celular personal. Me advirtió que era un
acto ilegal y que, sin previa autorización suya, no podía realizar las
grabaciones. Fue entonces que la profesional se irritó aún más alegando
“la falta cometida”, me sugirió que borrará los audios, pero, ante mi
negativa, decidió pararse de la silla negra de su escritorio, y por
segunda vez me dijo que llamaría a los agentes del orden a través del
911, que podía ser encarcelada y que ella tenía la potestad de
realizarme una demanda.
Entonces procedió a cerrarme la puerta de la oficina con el
compendio de llaves que tenía a su disposición. Se paró delante de mí
con una actitud desafiante y me atribuyó el hecho de “querer hacerle un
daño”.
Y alegó que con mucho trabajo había conseguido todo cuanto ha
logrado, que es una madre soltera que, con esfuerzos, ha “echado
adelante sus cuatro hijas”. Según ella, mis videos serían “su llave al
fracaso”. A seguidas me arrebató el celular y lo guardó en una gaveta.
Siguieron los reproches y advertencias. Tras una serie de amenazas
con llamar a la policía, le di la contraseña de mi teléfono y borró mis
grabaciones, con ayuda de una joven.
Entre un sinfín de reproches le pido que llamen a mi fotorreportero
de servicio, Víctor Ramírez. Entonces se calmó un poco. Luego abrió la
puerta y, tras haberme mantenido encerrada y desprovista de mi celular,
al fin nos liberó de todo aquello.
Su comportamiento fue muy cuestionable, porque si se se está
realizando en el marco de la ley, no hay razón para actuar de esa
manera, mucho menos retener a alguien contra de su voluntad.
Por Karen Vásquez - listindiario
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