Las manos que abren la puerta al tráfico de haitianos
>> 19 de septiembre de 2018
Militares,
agentes migratorios, algunos fiscales y jueces. Todos juegan en el
mismo equipo y hacen que la República Dominicana se mantenga entre los
países que no cumple las normas mínimas para la eliminación del tráfico
de personas.
El
sol colgado del horizonte todavía impregna de calor e ilumina la
carretera del Noroeste que conecta a Dajabón con Montecristi cuando el
equipo de reporteros divisa a tres motociclistas. Muestran las
características de los hombres conocidos en las provincias fronterizas
como “poteas” que, en sus vehículos con asientos modificados para llevar
mayor número de pasajeros, se desplazan a alta velocidad transportando
indocumentados. El equipo de prensa decide seguirlos.
Varios
metros antes de llegar al puesto de chequeo El Puente, en Montecristi,
una de las provincias dominicanas que colinda con Haití por la región
norte, los motociclistas se detienen a un extremo de la carretera y
bajan a los “pasajeros”: tres mujeres y varios niños que se resguardan
entre la maleza y ramas. En sus rostros se ven unos ojos enormes y
mandíbulas apretadas. Están petrificados por el miedo.
Uno de los
motoristas se adelanta a conversar con los agentes apostados en el
puesto de chequeo del Ejército de República Dominicana, mientras los dos
restantes esperan su regreso antes de decidirse a seguir su trayecto.
Los militares tienen la misión de salvaguardar la frontera para frenar
el tráfico de indocumentados y mercancía ilegal, como ajo, arroz, armas y
narcóticos.
Los que se ocultan en el matorral son parte del
universo de inmigrantes haitianos que se mueven con sigilo por la región
fronteriza dominicana con destino a zonas en donde buscan emplearse en
la agricultura, el turismo o la construcción. Muchos procuran reunirse
con familiares, cientos de embarazadas llegan cada año a dar a luz en
hospitales públicos y mujeres y niños cruzan la línea divisoria, incluso
para mendigar en los cruces de los semáforos de las avenidas de grandes
ciudades. Los que los apoyan se encargan de abrirles paso,
convenciendo, a veces con sobornos, a los agentes encargados de la
vigilancia de que permitan su desplazamiento.
La escena de este 3
de julio de 2018 muestra, a la luz del sol, una práctica de tráfico
ilícito de migrantes que por años ha sido común en las demarcaciones
fronterizas dominicanas, encubierta entre la impunidad y complicidad que
envuelve muchos de los casos.
La Justicia dominicana tiene un
subregistro de expedientes relativos al tráfico de indocumentados y la
mayoría de los que se judicializan terminan con decisiones favorables a
los acusados. Mientras los militares, llamados a frenar este ilícito,
con frecuencia son parte de la práctica ilegal.
El ministro de
Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, admite el involucramiento del personal
militar en el tráfico de indocumentados y de mercancías. “Recuerda
–dice– que son personas, no equipos, y que cometen errores, a veces
adrede y a veces se les pasa por la rapidez”.
Los fiscales de
varias de las provincias dominicanas limítrofes con Haití también
admiten la debilidad e incapacidad para procesar a todos los implicados
en las redes de tráfico. Una revisión de expedientes evidencia cómo este
delito casi siempre se diluye entre archivos y absoluciones, dejando en
la impunidad a quienes se lucran de ese negocio ilegal.
Por más de dos meses Diario Libre gestionó ante funcionarios del Ministerio Público y de los tribunales fronterizos la entrega de expedientes de tráfico de indocumentados. De las fiscalías de Jimaní, Montecristi, Dajabón, Mao, Pedernales y Elías Piña se compilaron 31 expedientes, con fechas que van desde el 2006 hasta este 2018.
Uno de los casos se archivó de “forma provisional” y 13 tuvieron una decisión de “archivo definitivo” por alegada falta de pruebas. Tres terminaron con la absolución de los imputados, pese a que en uno de ellos, el acusado era reincidente en el delito; en dos hubo condenas con penas privativas de libertad. Seis de los procesos están en etapa de juicio de fondo, aunque con declaración de rebeldía de los imputados en la mitad. Los otros seis están en investigación y juicio preliminar.
En el caso del reincidente, se procesa a Franklin Segura Samboy, sometido en junio de 2014 junto a Zaiter Samboy por la fiscalía de la fronteriza provincia Pedernales por transportar a cinco haitianos en un minibús en el que además se encontraron cinco cédulas de identidad y dos permisos de residencia falsos. En marzo de 2015 el Tribunal Colegiado de Barahona declaró a los imputados “no culpables”, tras el retiro de la acusación que hizo el Ministerio Público.
Ya el 5 de enero de 2015, Segura Samboy había sido favorecido con el archivo de otro expediente en su contra que en abril de 2014 presentó la misma fiscalía de Pedernales, que no encontró elementos probatorios suficientes para mantener la acusación por supuestamente traficar en un minibús a siete haitianos con cédulas y pasaportes presumiblemente falsos, algunos sin documentos.
Por Tania Molina y Mariela Mejía - diariolibre.com
Por más de dos meses Diario Libre gestionó ante funcionarios del Ministerio Público y de los tribunales fronterizos la entrega de expedientes de tráfico de indocumentados. De las fiscalías de Jimaní, Montecristi, Dajabón, Mao, Pedernales y Elías Piña se compilaron 31 expedientes, con fechas que van desde el 2006 hasta este 2018.
Uno de los casos se archivó de “forma provisional” y 13 tuvieron una decisión de “archivo definitivo” por alegada falta de pruebas. Tres terminaron con la absolución de los imputados, pese a que en uno de ellos, el acusado era reincidente en el delito; en dos hubo condenas con penas privativas de libertad. Seis de los procesos están en etapa de juicio de fondo, aunque con declaración de rebeldía de los imputados en la mitad. Los otros seis están en investigación y juicio preliminar.
En el caso del reincidente, se procesa a Franklin Segura Samboy, sometido en junio de 2014 junto a Zaiter Samboy por la fiscalía de la fronteriza provincia Pedernales por transportar a cinco haitianos en un minibús en el que además se encontraron cinco cédulas de identidad y dos permisos de residencia falsos. En marzo de 2015 el Tribunal Colegiado de Barahona declaró a los imputados “no culpables”, tras el retiro de la acusación que hizo el Ministerio Público.
Ya el 5 de enero de 2015, Segura Samboy había sido favorecido con el archivo de otro expediente en su contra que en abril de 2014 presentó la misma fiscalía de Pedernales, que no encontró elementos probatorios suficientes para mantener la acusación por supuestamente traficar en un minibús a siete haitianos con cédulas y pasaportes presumiblemente falsos, algunos sin documentos.
Por Tania Molina y Mariela Mejía - diariolibre.com
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