Google se convierte en herramienta útil para policía rastrear celulares
>> 25 de abril de 2019
Por Jennifer Valentino-DeVries
The New York Times
Cuando los detectives en un suburbio de Phoenix
arrestaron al trabajador de un almacén en una investigación de homicidio
en diciembre pasado, le dieron el crédito por la solución del caso a
una nueva técnica después de que otras pistas no llevaron a nada.
La policía le dijo al
sospechoso, Jorge Molina, que tenían datos que conectaban su celular con
el sitio en el que le dispararon a un hombre nueve meses antes. Habían
realizado el descubrimiento después de obtener una orden de registro que
exigía que Google proporcionara información acerca de todos los
dispositivos que registró cerca del lugar del asesinato, con lo que
capturó de manera potencial la ubicación de cualquier persona en la
zona.
Los investigadores también
tenían otras pruebas circunstanciales, incluido el video de seguridad de
alguien que disparó un arma desde un Honda Civic blanco, el mismo
modelo que tenía Molina, aunque no pudieron ver la placa ni al atacante.
Sin embargo, después de que
pasó casi una semana en la cárcel, el caso en contra de Molina se
desbarató cuando los investigadores se enteraron de nueva información y
lo liberaron. El mes pasado, la policía arrestó a otro hombre: el
exnovio de la madre de Molina, que a veces usaba su auto.
Las órdenes, que se basaron en
una enorme base de datos de Google que los empleados llaman Sensorvault,
convierten el negocio de rastrear las ubicaciones de los usuarios de
celulares en una red digital de arrastre para la policía. En una época
en la que las empresas tecnológicas recaban datos de manera ubicua, es
tan solo el ejemplo más reciente de cómo la información personal —adónde
vas, quiénes son tus amigos, qué lees, comes y ves, y cuándo lo haces—
se está usando con propósitos que muchas personas jamás esperaron.
Conforme han aumentado las preocupaciones entre los clientes, los
creadores de políticas y los reguladores, las empresas tecnológicas se
han sometido a un escrutinio cada vez más intenso respecto de sus
prácticas de recolección de datos.
El caso de Arizona demuestra
que la promesa y los peligros de la nueva técnica de investigación, cuyo
uso ha aumentado drásticamente en los últimos seis meses, de acuerdo
con los empleados de Google que conocen la información sobre las
solicitudes. Puede ayudar a resolver delitos, pero también puede ser una
trampa para personas inocentes.
Las empresas tecnológicas
durante años han respondido las órdenes judiciales que exigen la
información de usuarios específicos. Las nuevas órdenes van más allá,
pues sugieren posibles sospechosos y testigos cuando no hay otras
pistas. A menudo, dijeron los empleados de Google, la compañía responde
una sola orden con la información de ubicación de decenas o cientos de
dispositivos.
Los oficiales de la policía dijeron que el método era emocionante, pero advirtieron que era solo una herramienta.
“No te da la respuesta como una
calculadora, ni te dice: ‘Este es el culpable’”, dijo Gary Ernsdorff,
fiscal superior en Washington que ha trabajado en varios casos con esas
órdenes. Los posibles sospechosos aún deben ser investigados totalmente,
agregó. “No vamos a acusar a a quien sea solo porque Google dijo que
estuvieron ahí”.
No está claro qué tan a menudo
estas peticiones de cateo han llevado a arrestos o condenas, porque
muchas de las investigaciones aún están abiertas y los jueces con
frecuencia sellan las órdenes. La práctica fue utilizada por primera vez
por agentes federales en 2016, de acuerdo con empleados de Google, y se
informó públicamente al respecto el año pasado en Carolina del Norte.
Desde entonces se ha extendido a departamentos locales en todo el país,
incluyendo California, Florida, Minnesota y Washington. Este año, dijo
uno de los empleados de Google, la compañía recibió hasta 180 peticiones
en una semana. Google rechazó confirmar números precisos.
La técnica ilustra un fenómeno
al que los defensores de la privacidad se han referido desde hace mucho
como el principio de “si lo construyes, vendrán”, siempre que una
empresa tecnológica genera un sistema que podría usarse en la
vigilancia, la policía inevitablemente viene a tocar la puerta. De
acuerdo con los empleados de Google, Sensorvault incluye registros
detallados de ubicación relacionados con al menos cientos de millones de
dispositivos en todo el mundo y datan de hace casi una década.
Las nuevas órdenes, a veces
llamadas órdenes de “geocerca”, especifican una zona y un periodo, y
Google reúne información de Sensorvault acerca de los dispositivos que
estuvieron ahí. Los etiqueta con números de identificación anónimos, y
los detectives revisan las ubicaciones y los patrones de movimiento para
ver si alguno de ellos es relevante respecto del delito. Una vez que
reducen el campo a unos cuantos dispositivos que creen que pertenecen a
los sospechosos o los testigos, Google revela los nombres de los
usuarios y otros datos.
“Hay preocupaciones respecto de
la privacidad y la manera en que nuestros celulares son rastreados, así
como el momento en que ese tipo de problemas son relevantes en un caso
criminal; todos deberían prestar atención a eso”, dijo Catherine Turner,
una abogada defensora en Minnesota que está manejando un caso en el que
está involucrada esta técnica.
Los investigadores que hablaron
con The New York Times dijeron que no habían enviado órdenes de
geocerca a otras empresas que no fueran Google, y Apple señaló que no
tenía la capacidad para realizar ese tipo de búsquedas. Google no
proporcionó detalles acerca de Sensorvault, pero Aaron Edens, un
analista de inteligencia en la oficina del alguacil en el condado de San
Mateo, California, que ha examinado datos de cientos de celulares, dijo
que la mayoría de los dispositivos Android y algunos iPhones que había
visto tenían estos datos disponibles en Google.
En un comunicado, Richard
Salgado, el director de orden público e información de seguridad de
Google, dijo que la empresa intentaba “proteger vigorosamente la
privacidad de nuestros usuarios y a la vez apoyar el importante trabajo
de la policía”. Agregó que entregaba información de identificación solo
“cuando se requería legalmente”.
Molina, de 24 años, dijo que
quedó impactado cuando la policía le dijo que era sospechoso de un
asesinato, y que le sorprendió su capacidad de arrestarlo mayormente
basados en datos digitales.
“Solo pensaba: ‘Eres inocente y
saldrás de esta’”, dijo, pero agregó que le preocupaba que la
exoneración le tomara meses o años. “Estaba asustado”, comentó.
Mientras Molina estaba en la
cárcel, una amiga le dijo a su defensor público, Jack Litwak, que estaba
con él en su casa más o menos en el mismo momento del tiroteo, y ella y
otros proporcionaron mensajes de texto y recibos de Uber para apoyar su
caso.
Meses después de su liberación,
Molina tuvo problemas para recuperarse. Después de que lo arrestaron en
el trabajo, un almacén de Macy’s, perdió su empleo. Su auto fue
incautado para su investigación y después se lo devolvieron.
Los investigadores “tenían
buenas intenciones” al usar la técnica, dijo Litwak. Pero, agregó: “Lo
están presentando como si fuera un nuevo tipo de prueba forense, como la
del ADN, y eso no es así”.
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