EEUU arremete contra gobierno RD por "ser floja con los corruptos"
>> 12 de marzo de 2020
Por Carolina Pichardo, Listindiario.com
El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció en su Informe
sobre Derechos Humanos en la región, correspondiente al 2019, que el
Gobierno dominicano no ha implementado correctamente las leyes para
aplicar penas criminales contra funcionarios públicos acusados de
corrupción.
“El gobierno tomó algunas medidas para castigar a los funcionarios
que cometieron abusos contra los derechos humanos, pero hubo informes
generalizados de impunidad y corrupción oficiales, especialmente entre
los altos funcionarios”, explica el reporte anual publicado ayer.
Indica que a pesar de que leyes dominicanas establecen un poder
judicial independiente, el Gobierno “no respetó la independencia
judicial y la imparcialidad”.
El informe señala que hubo enjuiciamientos selectivos y despidos de
casos en medio de denuncias de soborno o presión política indebida.
“El poder judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción
de alto nivel. La corrupción del poder judicial era un problema
grave”, manifiesta el estudio.
Detalla que en septiembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia
comenzó el juicio contra seis de los 14 vinculados en el caso de
sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, acusada de haber pagado 92
millones de dólares como soborno por contratos de obras del Estado.
“Los seis acusados incluían un senador, un representante de la
cámara baja, un exsenador y un exministro de Obras Públicas. La
sociedad civil acogió con beneplácito el juicio como un paso adelante
en la lucha contra la corrupción, pero los activistas destacaron lo que
percibían como falta de voluntad política para investigar a fondo el
caso, que involucraba a las élites políticas y económicas del país”,
detalla el informe estadounidense.
De acuerdo con un informe del Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación además de los 92 millones dólares,
Odebrecht distribuyó otros 39.5 millones de dólares en sobornos durante
la construcción de la planta de carbón de Punta Catalina.
“Después de que este informe se hizo público, la Oficina del Fiscal
General interrogó a consultores financieros involucrados en el proceso
de licitación de la planta, pero no presentó cargos adicionales. El
fiscal general y una comisión designada por el gobierno desestimaron
previamente las acusaciones de irregularidad en el proceso de
contratación de la planta”, señala.
Monitoreó llamadas y correos electrónicos
Otro de los puntos tratados revela que el Gobierno dominicano
monitoreó llamadas telefónicas no autorizadas, así como correos
electrónicos para inferir en la vida privada de individuos y familias.
Entre los problemas importantes de derechos humanos se incluyen
informes de asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas
de seguridad del Gobierno; tortura por parte de la policía y otros
agentes del gobierno, detención arbitraria, condiciones penitenciarias
severas y potencialmente mortales, interferencia arbitraria con la
privacidad, graves problemas con la independencia del poder judicial,
difamación criminal para periodistas individuales, grave corrupción
gubernamental y violencia policial contra personas lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).
Amenazas a periodistas
Otro tema indica que periodistas dominicanos recibieron amenazas y
ataques físicos por denunciar grupos criminales y casos de corrupción
en los medios de comunicación.
Resalta las amenazas que en octubre de 2019 recibió un comentarista
televisivo de Monte Plata tras criticar supuestas conexiones de los
políticos locales con los narcotraficantes.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) informó que los
periodistas dominicanos sufrieron ataques violentos por parte de
militares y policiales de los funcionarios del Gobierno,
particularmente al cubrir las protestas dirigidas por la sociedad civil.
Otro de los casos es el despido de Marino Zapete de Teleradio
América tras denunciar que la hermana del procurador general de la
República Jean Alain Rodríguez, Maybeth Rodríguez, habría recibido
contratos gubernamentales sin licitación por valor de 750 millones de
pesos dominicanos.
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